Artur Mas, el que fuera ‘president’ de la Generalitat entre diciembre del 2010 y enero del 2016, será juzgado este lunes por delitos de desobediencia grave y de prevaricación por el 9-N. Nunca antes un ‘expresident’ se había visto en una situación similar y la comparación con el antecedente más parecido, el ‘president’ Lluís Companys, se antoja exagerada por mil motivos. Llega el juicio a Mas (y a Joana Ortega e Irene Rigau) por el 9-N justo a la semana de que los independentistas hayan desbrozado, con el acuerdo sobre los presupuestos, el camino al referéndum. La vista a Mas abre, pues, el esprint hacia el referéndum o como señaló Carles Puigdemont, sanciona el inicio de la cuenta atrás. Y así ha sido entendido por las siempre movilizadas bases del secesionismo. Ante el Palau de Justícia, en la avenida, precisamente, de Lluís Companys se esperan decenas de miles de personas que arroparán a los tres encausados.
Las entidades soberanistas, la ANC, Òmnium y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han echado el resto para que la
concentración resulte de primer nivel, justo por debajo, en asistencia y repercusión, a los macroactos de la Diada. Los inscritos oficialmente vía las propias entidades alcanzaban este domingo los 50.000 y la flota de autobuses alquilada para acercar hasta el centro de Barcelona al gentío, más de 150. Bajo el lema ‘El 6F nos juzgan a todos’, los organizadores pretenden convertir el juicio en un clamor “por la libertad de expresión” que retumbe en los oídos, claro está, de la comunidad internacional. Además de la ciudadanía también habrá representación política, por ejemplo, la de EH Bildu.
A esos 50.000 ya seguros habrá que añadir los espontáneos que se sumen, entre los que estarán todos aquellos que, haciendo caso a las proclamas de las entidades
hayan solicitado libranza en sus puestos de trabajo. En el caso de los funcionarios cabe decir que han sido formalmente ‘invitados’ a hacerlo vía la ‘consellera’ de Governació, la que se encarga de la función pública, Meritxell Borràs, quien señaló que era “necesario” por la magnitud de la protesta.
Y los preparativos están en consonancia con esa magnitud. Se han acreditado 342 periodistas de más de 70 medios de comunicación, entre ellos siete de extranjeros, harán el seguimiento a una jornada que empezará a las ocho de la mañana en el Palau de la Generalitat. Ahí, Carles Puigdemont recibirá a los tres acusados y realizará una declaración institucional. Junto a los tres acusados y al ‘president’ estarán también el vicepresidente Oriol Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. A unos pasos, seguramente fuera del tiro de cámara, todo el Govern asistirá a las palabras de Puigdemont.
Tras ellas saldrá una comitiva del Palau de la Generalitat con Mas, Ortega y Rigau y todo el Ejecutivo catalán, a excepción hecha del titular de Interior, Jordi Jané, que irá directamente desde la Generalitat hasta la sala de coordinación del dispositivo de seguridad, y el de Justicia, Carles Mundó. Puigdemont esta vez sí, a diferencia de lo que hizo con motivo de la declaración ante el mismo TSJC de la presidenta del Parlament, sí acompañará a Mas hasta la puerta del juzgado
La presencia del anterior ‘conseller’ de Justicia, Germà Gordó, en la manifestación a las puertas del TSJC para apoyar a los tres investigados en sus declaraciones en fase de instrucción, en octubre de 2015, causó malestar en el alto tribunal catalán.
La comitiva llegará a las puertas del TJSC a las 8.45 y serán, a buen seguro, aclamados por el gentío. Además del espacio preparado justo en la entrada del juzgado, a unas decenas de metros, junto al Arc de Triomf se ha instalado un escenario desde donde se realizarán actuaciones en apoyo a los encausados.
Por el esfuerzo y el despliegue realizado, el soberanismo, por tanto, también se la juega el lunes (el día laborable por antonomasia, para más inri), por cuanto, según todos los actores del ‘procés’ la “movilización permanente” será una de las “claves” para que los secesionistas alcancen su objetivo.
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