Ministerio libanés de Información
Un año después de la aprobación del plan contra la hepatitis C, más de 40.000 enfermos, el 80% de los 52.000 incluidos en el documento, han recibido su tratamiento. Todo un éxito si se tiene en cuenta que la previsión era dispensar los carísimos medicamentos en tres años. Pero un éxito que la organización que agrupa a los afectados pone en tela de juicio, porque duda de las cifras. “No entendemos cómo puede dar ese dato cuando propio ministerio nos reconoce que varias autonomías no le proporcionan los datos”, explica Damián Caballero, vicepresidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), a la que le constan casos concentrados en determinadas comunidades donde aún hay dificultades para suministrar los medicamentos.
“Estoy muy contento porque no esperábamos que pudiéramos hacer tanto en un solo año”, ha destacado este martes el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, antes de presidir la reunión del comité científico que supervisa la ejecución del plan. Según sus datos, el año 2015 se cerró con 38.067 pacientes tratados. La cifra corresponde a todas las autonomías y a él habría que sumar los 2.322 tratados en enero en 12 comunidades, ya que el resto no han aportado datos. Tampoco se contabiliza ninguno de los enfermos que han iniciado el tratamiento en febrero.
Los pacientes han recibido una combinación de fármacos de nueva generación que garantiza unas tasas de curación superiores al 95% en todas las variantes del virus, pero que su prohibitivo precio imposibilitaba una administración generalizada.
El plan determinó por vez primera el número de afectados por la enfermedad: 95.524 diagnosticados, de los que 51.964 eran pacientes con fibrosis en grado F2, F3 y F4, los que se encontraban en situación más grave y que se acordó tratar antes, en un plazo máximo de tres años.
Frente al triunfalismo del ministerio, la plataforma sostiene que en varias comunidades autónomas persisten los problemas de financiación. “Los hospitales deben adelantar el pago de los fármacos, pero muchos no quieren endeudarse”, señala Damián. Aragón, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León serían autonomías de las que le llegan quejas de enfermos en situación F4, con cirroris avanzada, por ejemplo, que aún no han podido ser atendidos con los nuevos fármacos.
La organización que representa a los enfermos cree que el plan debe revisarse para que incluya a los enfermos menos graves, los demominados F0 y F1. No se encuentran en
situación de peligro pero su calidad de vida es mala y no entienden porque deben esperar a estar peor para poder acceder a los tratamientos.
El precio de estos ha bajado considerablemente. Aunque el ministerio no ofrece cifras, la negociación con los laboratorios ha conseguido reducir de 60.000 euros a 7.000 u 8.000 el coste de un tratamiento completo.
El coste total del plan se estimó inicialmente en 727 millones de euros. El ministerio no quiso habilitar una partida especial, pero ofreció a las autonomías créditos a coste casi cero y con un plazo de devolución de diez años a través del Ministerio de Hacienda, que tardó casi un año en ponerlos en marcha. Técnicamente se trata de préstamos incluidos en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para las comunidades incumplidoras del techo de déficit, con Catalunya a la cabeza, y del fondo de Facilidad Financiera para el resto. La única diferencia entre ambas es que las primeras disfrutaran del 0% de interés solo el primer año y las segundas durante dos años más. Este complejo sistema ha entorpecido mucho la gestión y estaría en el orígen de las trabas de algunas autonomías, según la PLAFHC.
Los enfermos menos graves no serían esos 44.000 que quedaron excluidos del plan, según la plataforma. Podrían llegar a ser 150.000 porque “hay muchos casos no diagnosticados” que deberían incluirse porque es “la única manera de acabar con esta pandemia”.
Caballero cree que no es tan difícil erradicar la enfermedad y pone como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde la plataforma ha cerrado un acuerdo que prevé suministrar los medicamentos a todos los enfermos, sea cual sea su grado, el abril del 2017.
En Catalunya están incluidos en el plan 9.401 enfermos de los 15.132 que, en principio, constaban en los registros hospitalarios. Pese a su disconformidad con la fórmula de financiación -“es pan para hoy, hambre para mañana”, dijo-, el entonces ‘conseller’ de Salut, Boi Ruiz, se comprometió a atender a todos los previstos.
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