Ministerio libanés de Información
El primer ministro, Édouard Philippe, asegura que “la democracia ha funcionado” en el caso del exencargado de seguridad del presidente.
El Gobierno francés superó este martes cómodamente las dos mociones de censura presentadas por la oposición por la gestión del caso Alexandre Benalla, el exencargado de seguridad del Elíseo que golpeó a manifestantes el 1 de mayo cuando acompañaba a la policía como observador. Pero no logró cerrar la herida abierta por un caso que ha cuestionado la manera de gobernar del presidente, Emmanuel Macron, que solo despidió a quien fuera uno de sus hombres de confianza después de que la prensa revelara el incidente, casi tres meses después de los hechos.
Nadie se engañaba sobre el desenlace de la primera doble moción de censura que sufre un gobierno en 38 años. Con la amplia mayoría que disfruta el partido de Macron en el hemiciclo, era matemáticamente imposible que el ejecutivo pudiera verse obligado a dimitir, ya que para eso se requería una mayoría absoluta de 289 votos que la oposición, sencillamente, no tiene ni juntando todas sus voces. La presentada por el conservador Los Republicanos logró 143 apoyos y la depositada por los grupos de izquierda Francia Insumisa, el Partido Socialista y el Partido Comunista, solo 74.
Pero tumbar el ejecutivo no era el objetivo de la oposición. En un inusual frente común, los partidos que no forman parte del gobierno habían denunciado un “bloqueo” de la verdad pese a que varios miembros del gabinete han declarado ante sendas comisiones investigadoras abiertas tanto en la cámara baja como en el Senado la última semana. “Han mentido para protegerse, hemos buscado la verdad pero se han negado a dar explicaciones. Así que solo nos queda un medio, la moción de censura”, declaró el bloque de izquierdas.
“El mito de la república ejemplar acaba de caer”, proclamó tras los debates el líder socialista, Olivier Faure.
Algo que negó enfáticamente el primer ministro, Édouard Philippe, quien en su turno de respuesta afirmó que “lo que se debía hacer, se ha hecho”.
“La democracia ha funcionado, el poder ejecutivo fue diligente”, insistió y recordó que en menos de una semana ya estaban en marcha una investigación judicial, una administrativa y una legislativa. Algo que contrastó con escándalos de gobiernos pasados como el del socialista François Hollande, cuyo ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac tuvo que dimitir cuando se descubrió que tenía una cuenta secreta en Suiza. La comisión parlamentaria que lo investigó tardó cinco meses en constituirse, recordó Philippe, que reiteró uno de sus mantras desde que estalló el caso Benalla: “La república ejemplar no es la república infalible, la república ejemplar es la que sanciona comportamientos y que hace respetar la ley”.
Pero en un sistema político en el que el presidente solo “responde ante el pueblo”, como dijo Macron cuando, seis días después de saltar el Benallagate rompió por fin su silencio, la moción de censura era también una forma de reprobar públicamente al mandatario no solo por la manera en que ha gestionado este asunto, sino toda su forma de gobierno.
Lo que la oposición buscaba, acusada por el Ejecutivo de oportunismo político, era denunciar el estilo jupiteriano —o “hiperpresidencialista”, como lo definió un diputado comunista—asumido por Macron desde que llegó al Elíseo hace 14 meses y que, en muchos casos, ha hecho sentirse ninguneados a los integrantes de un poder legislativo que no encuentra su voz.
“Esto no es un caso de disfunción sino de un modo de funcionamiento”, sostuvo el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, durante el debate de la moción de censura. “La enfermedad está profundamente arraigada, es la del presidencialismo que vuelve loca a la monarquía presidencial”, denunció.
Christian Jacob, que presentó la moción de censura de Los Republicanos, se refirió incluso en un momento dado a Macron como “príncipe” e insistió, frente a los esfuerzos del Gobierno por minimizar el caso como una “deriva individual”, en calificarlo como “un escándalo de un jefe de Estado que ha protegido y privilegiado a un hombre que le prestaba servicios”.
Ante el tono de las acusaciones, el primer ministro denunció una “instrumentalización política” del caso e hizo una advertencia: “Hablar de cualquier estructura paralela (en el Elíseo) es contribuir al complotismo y el populismo”. Pese a ello, la oposición prometió que no permitirá que el caso Benalla se apague. “El combate no ha hecho más que comenzar”, avisó el conservador Guillaume Larrivé.
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