Ministerio libanés de Información
El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump emitió una norma que impediría que migrantes que reciben ciertos tipos de asistencia pública obtengan permisos de residencia o visas de ingreso al país, informó el Departamento de Seguridad Interior (DHS).
La norma propuesta impediría que personas que obtienen beneficios públicos como servicios médicos bajo el programa Medicaid, así como cupones de alimento o viviendas, permanezcan en el país, señaló en un comunicado.
La propuesta, que puede convertirse en una reglamentación oficial después de un período de comentario público de 60 días, aumentaría las restricciones que ya existen para el otorgamiento de permisos de residencia y visas.
Las normas en curso impiden que personas que reciben ayuda en efectivo del gobierno federal puedan recibir permisos de residencia bajo la regla conocida como “carga pública”, que busca restringir el ingreso o la permanencia en el país de personas que representarían un gasto para la economía.
La secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, indicó en el comunicado que la ley de Estados Unidos ya establece que aquellos que buscan inmigrar a este país deben demostrar que pueden mantenerse económicamente.
“Esta regla propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso con la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados garantizando que no es probable que se conviertan en una carga para los contribuyentes estadunidenses”, afirmó.
La medida podría obligar a millones de inmigrantes que dependen de la asistencia pública para obtener alimentos o vivienda a elegir entre aceptar ayuda financiera o buscar un permiso de residencia para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Los inmigrantes mayores, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados de bajo costo a través del programa Medicare, también podrían verse obligados a renunciar a tales servicios.
La medida no apunta a afectar a personas que ya tienen residencia legal, aunque grupos civiles señalaron que incluso estas personas podrían renunciar a obtener beneficios para evitar poner en riesgo su estatus migratorio.
La regulación, que afectaría a unas 382,000 personas al año, es la más reciente de una serie de medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump para frenar la migración, tanto documentada como irregular.
La regla afectaría a las personas que buscan inmigrar a Estados Unidos de manera permanente y a otras que se encuentran en el país con visas temporales, incluidos estudiantes y trabajadores, que buscan permanecer en el país.
Javier Valdés, director ejecutivo del organismo civil se Hace Camino Nueva York, consideró que la propuesta marca una escalada dramática del gobierno de Trump para “criminalizar la pobreza en comunidades de color en todo el país”.
Precisó que si se aprueba la propuesta los niños estadunidenses nacidos de padres migrantes que reciban ayuda del gobierno podrían ser “usados como un arma” contra sus familias, que quedarían con la opción de renunciar a los beneficios para sus hijos o aspirar a la residencia legal en Estados Unidos.
el economista
