Ministerio libanés de Información
El incivismo que supone que los propietarios de perros no recojan las heces de sus mascotas está llegando a límites insospechados. Las multas y las campañas de concienciación ya no son suficientes para poner remedio a uno de los principales motivos de queja que tienen los ayuntamientos, por ello muchos municipios están recurriendo a técnicas propias del CSI para resolver el problema. El objetivo es hacer un censo con el ADN de los canes para recoger las muestras de la calle y analizarlas, con el fin de localizar a los dueños e imponerles una multa.
Al menos media docena de ayuntamientos están trabajando ya en este proyecto, y algunos de ellos esperan poder ponerlo en práctica este mismo año. El que tiene los pasos más adelantados es el de Parets del Vallès (Vallès Occidental), que prevé poder empezar a sancionar mediante las pruebas de ADN antes de que finalice del 2016. También Sitges (Garraf) espera poderlo hacer a principios del 2017, mientras que Tarragona, Tordera (Maresme), La Seu d’Urgell (Alt Urgell), Salt (Gironès), Ripoll y Ribes de Freser (Ripollès) trabajan en la misma dirección. Barcelona, que tiene unos 70.000 perros, de los que solo 45.000 están debidamente censados, no se ha planteado esta solución.
El proyecto consiste en modificar las ordenanzas municipales para que, además de obligar a censar los perros y colocarles un chip de identificación, sus propietarios también los sometan a un análisis de sangre que sirva para hacer una base de datos. La recogida y custodia de las muestras de las heces callejeras por parte de un funcionario municipal y el análisis posterior en el banco de ADN gestionado por una empresa autorizada servirá para conocer si el perro está censado o no. “El objetivo es que la base de datos sea lo más amplia posible”, explica Jordi Mas, concejal de Territori i Sostenibilitat del Ayuntamiento de Sitges.
Parets tiene previsto iniciar el próximo mes, cuando aprueben la ordenanza con las cuantía de las multas (entre unos 250 y 300 euros), una campaña de concienciación para confeccionar una base de datos. El coste del análisis de sangre irá a cargo del ayuntamiento. La prueba será obligatoria e irá a cargo de todos los propietarios cuando se dé por finalizada la campaña de promoción, que durará unos tres meses, según Francesc Juzgado, concejal de Territori i Sostenibilitat. “La ordenanza está en vigor desde el 1 de enero, pero no se aplicará hasta que se apruebe la cuantía de las multas”, explica Juzgado.
Este miércoles está programada una reunión de representantes de municipios vallesanos en la que el de Parets informará de su experiencia. Ayuntamientos como los de Mollet, Martorelles, La Llagosta y Montmeló están interesados en el proyecto. “Es un problema de civismo que nos afecta a todos”, asegura el alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote.
En Sitges calculan que tendrán que gastar entre 12.000 y 15.000 euros para realizar el mismo tipo de campaña gratuita que en Parets. De momento, ya han aprobado una ordenanza municipal (“que es jurídicamente impecable”, asegura el ayuntamiento) que obliga a censar a los perros con el chip y con la prueba de ADN. “El año pasado se pusieron muy pocas multas, es complicado coger in fraganti a ciudadanos incívicos”, confiesa Mas, que confía en poner remedio a la situación a partir de principios del 2017.
En Tarragona, donde aseguran que tienen 3.300 perros censados, están trabajando en estos momentos en la redacción de la nueva ordenanza municipal y se han puesto en contacto con diferentes laboratorios para conocer las posibilidades técnicas y económicas del proyecto. “Una vez se tenga evaluado todo, se licitará el servicio y se prondrá en marcha”, ha informado el ayuntamiento.
El Ayuntamiento de la Seu d’Urgell, que contempla multas de 300 euros por no recoger las heces de los canes, también prevé poner en marcha el proyecto antes de que acabe este año. “Estamos tramitando la modificación de las ordenanzas municipales y recibiendo asesoramiento para implantar esta iniciativa”, informa Jesús Fierro, primer teniente de alcalde del ayuntamiento. Ya es obligatorio tener a los perros censados, pero en La Seu d’Urgell también lo será ahora entregar una muestra de sangre para crear el censo de ADN. El ayuntamiento está estudiando costear con sus propios medios esta prueba, aunque todavía no hay nada decidido. “Desconocemos el coste que supone poner en marcha el proyecto, pero estamos convencidos de que la inversión se vería compensada por el ahorro en limpieza viaria”, añade Fierro.
En este municipio interpuso unas 80 denuncias durante el 2015 a propietarios de perros, aunque solo 10 de estas fueron por defecaciones en la vía pública. Explican que únicamente se tramita el 1% de las multas por heces que se localizan en la calle. Con la nueva medida, Fierro asegura que podrán “detectar casi al 100% de los propietarios incívicos”. En el caso de encontrar heces que no tengan ‘dueño’, Fierro no tiene dudas: “Si es reincidente, es decir, si encontramos varias cacas de un mismo animal en una misma zona, intensificaremos la vigilancia para dar con el propietario y sancionarlo por no tenerlo registrado en el censo de ADN y por no recoger las defecaciones”, informa Laura Biela.
En Ribes de Freser (Ripollès) lltambién han aprobado la modificación de la ordenanza para hacer obligatoria la prueba de ADN y en Ripoll la iniciativa se paralizado por falta de presupuesto, pero la concejal de Participació ciudadana, Maria Dolors Vilalta, ha explicado que tienen la intención de seguir trabajando para ponerla en marcha en el 2017.
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