Los ‘chalecos amarillos’ mantienen el pulso pese a las concesiones del presidente Macron.
Emmanuel Macron retrocede de nuevo para apagar la cólera de los chalecos amarillos. La anulación del aumento de las tasas para el carburante ya no será provisional durante los seis primeros meses de 2019, como el primer ministro, Édouard Philippe, anunció el martes. En un ambiente de confusión y nervios, el Gobierno francés se corrigió el miércoles a sí mismo y dijo que la anulación se prolongará todo el año. Es la segunda rectificación de Macron y Philippe en 36 horas. Y es una victoria para los activistas que llevan la emblemática prenda fluorescente. Ni los chalecos amarillos ni la oposición se dan por satisfechos con las concesiones del presidente.
Hay mucho de antipolítica, incluso de antiparlamentarismo, en los chalecos amarillos, un movimiento transversal sin líderes, programa ni estructuras. Su éxito, hasta el momento, ha sido rotundo.
Desde la primera protesta del 17 de noviembre, han logrado lo que en un año y medio no habían conseguido ni la oposición política, ni los sindicatos. Han obligado a dar marcha atrás a Macron, el presidente que se había propuesto diferenciarse de sus volubles antecesores y mantener el rumbo de las reformas sin amedrentarse al mínimo estallido en la calle. Pero el repliegue no ha bastado para calmar los ánimos de un movimiento que exige mucho más.
Los colaboradores de Macron ya han empezado a sugerir otras concesiones, además de la prolongación, durante todo el 2019, la suspensión de las tasas al carburante. Que no haya subidas durante todo el año debe aportar claridad, según el ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy.
La reintroducción del impuesto sobre las fortunas (ISF) podría ser un segundo paso, aunque en el Consejo de Ministros el presidente la descartó. En el debate sobre las nuevas medidas en la Asamblea Nacional el primer ministro Philippe dijo que en 2019 un grupo de expertos hará un balance de los efectos de la supresión parcial, en 2017, del ISF. Desde la supresión de este impuesto, el presidente carga con la etiqueta de “presidente de los ricos”. Fue su pecado original.
La lista de peticiones, expresadas por la oposición en la Asamblea Nacional, aumenta día a día: un salario mínimo más elevado; disolución de la Asamblea Nacional y nuevas elecciones legislativas; referéndum sobre las políticas ecológicas y fiscales; o directamente la dimisión de Macron. Y crecen las dudas sobre la posibilidad de que el presidente aplique el ambicioso plan de reformas con el que fue elegido. La próxima en la agenda es la de las pensiones, y se hace difícil cómo Macron podrá impulsar una reforma de este calado si la subida de unos céntimos teniendo ha provocado tal reacción.
Es la revuelta de los franceses de la clase media empobrecida que vive en ciudades pequeñas y medianas. En este país remoto para una parte de las clases dirigentes en París, los servicios sociales se han visto reducidos mientras la sensación de pérdida de poder adquisitivo se consolidaba. El aumento de unos céntimos en el precio del gasóleo es una dificultad añadida para llegar a fin de mes. El optimismo que acompañó a la victoria de Macron en 2017 resultó un espejismo.
Era una Francia invisible hasta hace tres semanas. Coordinados por medio de las redes sociales y con el arma simbólica del vistoso chaleco fosforescente, ahora son omnipresentes.
La crisis, que Macron no vio venir, hace aflorar las tensiones con el primer ministro Philippe. El Palacio del Elíseo no había tomado la medida, antes de la irrupción de los chalecos amarillos, de una cólera que viene de lejos, pero que tiene un denominador común en un rechazo visceral hacia el presidente y su imagen de hombre elitista y desconectado de la realidad.
Todos los partidos de la oposición simpatizan con la protesta. Creen insuficiente la moratoria de seis meses en la subida de los impuestos a la gasolina y el gasóleo, prevista para el 1 de enero de 2019, una herramienta fiscal para disuadir del uso de energías contaminantes.
La mayoría presidencial en la Asamblea Nacional hizo este miércoles un esfuerzo por parlamentarizar un pulso que ahora se desarrolla en la calle, las redes sociales y los platós de televisión. Por iniciativa gubernamental, y de acuerdo con el artículo 50.1 de la Constitución, se organizó el debate sobre la “fiscalidad ecológica y sus consecuencias sobre el poder adquisitivo”, con un voto final que “no compromete [la] responsabilidad” del Gobierno, según el artículo citado. Es decir, no era una moción de confianza ni de censura.
La mayoría holgada de la República en marcha, el partido del presidente, , aseguró la victoria por 358 votos a 194. Pero la claridad del resultado hace más llamativo el contraste entre la correlación de fuerzas en el Parlamento y la calle. Hoy la hegemonía parlamentaria no es garantía de nada.
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