Ministerio libanés de Información
La policía, acusada excesiva dureza con los manifestantes, no logra atajar la violencia del movimiento.
Es la constatación de un fracaso. Al final del decimoctavo sábado de manifestaciones de chalecos amarillos, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha admitido la incapacidad para impedir los disturbios. “Se ha hecho mucho desde noviembre”, ha dicho en alusión al mes en que comenzaron las protestas. “Pero la jornada de hoy muestra que, en estos temas, no lo hemos logrado”. Acusados de uso excesivo de la fuerza, los responsables policiales también afrontan críticas por no atajar la violencia. “Quiero que cuanto antes tomemos decisiones fuertes para que no vuelva a ocurrir”, ha dicho el presidente.
Tras cuatro meses de protestas, los chalecos amarillos, que desde el otoño piden desde mejoras salariales y bajadas de impuestos hasta la caída de Macron, languidecían. Casi han desparecido de las rotondas y carreteras, y las manifestaciones del sábado en París cada vez eran más minoritarias y llamaban menos la atención de los medios de comunicación. Hasta este sábado. Los saqueos e incendios en los Campos Elíseos parecen una repetición de las escenas del otoño. Y reabren el debate sobre la eficacia de la Policía y la impotencia del Estado ante una explosión violenta poco habitual en las democracias desarrolladas.
Macron, que se encontraba de fin de semana en los Pirineos, adelantó el regreso a París. Las críticas, no solo por estar esquiando mientras volvían las imágenes de “París en llamas”, le llegaron de todos los flancos. “Es tiempo de reaccionar, es tiempo de actuar”, instó en la red social Twitter Laurent Wauquiez, presidente de Los Republicanos, el partido de la derecha tradicional. La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, declaró al diario Le Parisien: “Mi sentimiento es que deberíamos ser capaces de controlar una situación como la que acabamos de vivir. Espero explicaciones”.
En la última manifestación de París, acudieron unas 10.000 personas. Aunque es una cifra modesta, son más que los fines de semana anteriores. Pero en todo Francia fueron unos 30.000, lejos de los 280.000 de la primera jornada, el 17 de noviembre. Lo novedoso fue el regreso de una violencia contra mobiliario urbano, comercios de lujo y edificios de los barrios más opulentos. Y la evidencia de que las fuerzas del orden, o bien no saben o no pueden evitarlo.
La paradoja es que, en las últimas semanas, se ha redoblado la presión para que las fuerzas del orden revisasen sus métodos, considerados demasiado contundentes. Las denuncias se centran en las llamadas LBD-40, o lanzaderas de balas de defensa. Según el recuento del periodista David Dufresne en el diario Mediapart, estas balas de caucho han dejado 231 heridos. El Ministerio del Interior registra 2.200 heridos entre los manifestantes con esta arma y otras. Once personas han muerto, diez de ellas accidentalmente en las carreteras bloqueadas por los chalecos amarillos. En Marsella, una anciana murió al caer en su apartamento una granada de gases lacrimógenos.
El 6 de marzo, en un discurso sobre las desigualdades la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, señaló varios episodios de protestas contra las desigualdades que toparon con una respuesta represiva. Bachelet citó cuatro países: Sudán, Zimbabue, Haití y Francia. “Insto [al Gobierno francés] a una investigación de todos los casos denunciados de uso excesivo de la fuerza”, dijo. También la comisaria de los derechos humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, publicó en febrero un informe en el que se declaraba “extremadamente preocupada” por las denuncias de violencia policial contra los chalecos amarillos. En Francia, el defensor de los Derechos —equivalente al Defensor del Pueblo—, el veterano político conservador Jacques Toubon, ha pedido la supresión de las lanzaderas de balas de defensa.
Un factor que complica la tarea de las fuerzas del orden, y facilita la de los chalecos amarillos violentos y de los infiltrados ajenos al movimiento, es que las manifestaciones no suelen estar anunciadas y carecen de itinerario, horario y servicio del orden. En algunas manifestaciones, policías y gendarmes han dado muestras de pasividad. En otros momentos, han actuado con dureza.
Una nueva ley antidisturbios permitirá impedir la asistencia de ciertas personas a las protestas, registrar previamente a los asistentes y acudir enmascarado a las manifestaciones. La ley está pendiente del visto bueno del Consejo Constitucional.
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