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El Gobierno francés refuerza la estrategia represiva ante la violencia de los ‘chalecos amarillos’.
Desbordado de nuevo por la violencia de los chalecos amarillos, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido reforzar la estrategia represiva para evitar más disturbios. El Gobierno francés anunció este lunes que prohibirá las manifestaciones en los barrios donde se han producido altercados, entre ellos los Campos Elíseos, la gran avenida comercial y turística parisiense. Macron, además, destituirá al prefecto de la policía de París, Michel Delpuech, responsable de las fuerzas del orden en la región de la capital. Las escenas de caos y destrucción del último sábado ponen en riesgo la estrategia política del presidente para superar la crisis de los chalecos amarillos con el llamado gran debate nacional.
El problema es doble. Primero, de orden público: el Estado francés se ha mostrado incapaz de garantizarlo. Y segundo, político: Macron parecía estar saliendo airoso de esta crisis y ahora el regreso de la violencia amenaza con entorpecer los planes presidenciales. Era urgente, para él, enviar una señal clara de que el Gobierno mantiene el control: de la calle y de la agenda.
“A partir del próximo sábado, y cada vez que sea necesario, prohibiremos las manifestaciones que se reclamen de los chalecos amarillos en los barrios más afectados, desde el momento en que tengamos conocimiento de la presencia de elementos ultras y de su voluntad de causar destrozos”, dijo, tras reunirse con Macron, el primer ministro, Édouard Philippe, en una declaración sin preguntas. Philippe mencionó, además de los Campos Elíseos de París, la plaza Pey-Berland de Burdeos y la plaza del Capitolio en Toulouse.
Los Campos Elíseos ya se han cerrado parcialmente en protestas anteriores, lo que ha llevado a los ‘chalecos amarillos’ a concentrarse en otros puntos del mismo barrio o de la ciudad. Hasta la irrupción de este movimiento, no era un lugar tradicional de manifestaciones históricas en París. El carácter icónico de la venida —la más conocida de la ciudad, “la más bella del mundo”, como les gusta decir a los franceses— ha relazado el impacto global de la protesta.
Al ser destituido y remplazado por actual prefecto de Nueva-Aquitania, Didier Lallement, el prefecto Delpuech se convierte en la primera víctima de la alta administración francesa desde que en noviembre estalló la revuelta de los chalecos amarillos. La protesta, inicialmente en contra de la subida del precio del carburante, enseguida sumó otras causas, desde la mejora del poder adquisitivo y la rebaja de impuestos a la dimisión de Macron y un cambio de sistema.
La apertura, a mediados de enero y a iniciativa del presidente, del gran debate nacional con miles de reuniones por todo el país calmó los ánimos. El 16 de marzo, un día después del final del gran debate, unos 10.000 chalecos amarillos, unidos a encapuchados vestidos de negro, se congregaron de nuevo en París. Era el 18º sábado consecutivo de movilizaciones. Grupos de violentos rompieron vitrinas en los Campos Elíseos, incendiaron quioscos y edificios y saquearon comercios. Desde el 1 de diciembre, el sábado de peor violencia hasta ahora, no se habían visto escenas similares.
“Son actos criminales, la respuesta del Gobierno debe ser fuerte”, dijo el primer ministro.
Philipe reivindicó la estrategia policial adoptada tras los disturbios del 1 de diciembre, pero dijo que el sábado no se había aplicado adecuadamente. Argumentó que, tras las críticas, procedentes incluso del Consejo de Europa, por el uso de balas de caucho por parte de la policía, se habían dado “consignas inadecuadas para reducir su uso”. La estrategia de seguridad ha recibido críticas por excesiva dureza y al mismo tiempo por excesiva permisividad.
No es un cambio de estrategia, según el primer ministro, pero sí una “reorganización”. Las fuerzas del orden dispondrán de mayor autonomía sobre el terreno con capacidad para dispersar y detener, desde los primeros disturbios, a los responsables. También se fomentará el recurso a drones, además del despliegue de oficiales de la policía judicial para agilizar las detenciones. La nueva ley antidisturbios, pendiente de la aprobación del Consejo Constitucional, permitirá impedir a los violentos llegar a las manifestaciones, registrar de antemano a los asistentes y detener y sancionar a los enmascarados.
La doctrina policial en Francia estuvo marcada durante años por la muerte de Malik Oussekine, de 22 años, por los golpes de la policía motorizada durante las protestas estudiantiles de 1986. “Después del drama de Malik Oussekine, la técnica consistió en dejar de buscar el contacto. Es eficaz para las manifestaciones, pero ineficaz con los disturbios”, dijo el exministro del Interior, Brice Hortefeux, en la cadena Sud Radio.
La distinción entre los chalecos amarillos y los violentos del denominado black block, responsables de muchos de los destrozos el sábado, no es siempre nítida. Una parte de los chalecos amarillos rechaza la violencia. Otros la justifican. Y otros se suman a ella. El hecho de que carezcan de organización y de líder facilita los disturbios. Al final, es chaleco amarillo quien se ponga un chaleco amarillo, la prenda que es obligatorio tener en el coche y que se ha convertido en el símbolo de la revuelta. Tampoco ayuda que las manifestaciones no estén declaradas, se celebren sin itinerario ni horario y sin servicio del orden.
Philippe lanzó un aviso, sin citar nombres, a algunas de las figuras del movimiento, como el camionero Éric Drouet o Maxime Nicolle, aficionado a las teorías de la conspiración muy popular por sus mensajes en la red social Facebook. “No confundo a los violentos con la gran mayoría de los chalecos amarillos, que, por cierto, ahora ya no se manifiestan”, dijo el primer ministro. “Pero cuando una manifestación no se declara, está prohibida y está organizada para destruir, todos los que participen, que de facto protejan a los que causan los destrozos, los animan o los glorifican en las redes sociales, serán considerados cómplices y deberán asumir sus responsabilidades”.
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