Ministerio libanés de Información
34 leyes catalanas impugnadas por el Tribunal Constitucional (TC) en los últimos siete años. 15 de ellas de carácter social, la última de las cuales la que buscaba paliar la pobreza energética y frenar los desahucios. Este cúmulo de agravios han logrado este domingo una fotografía muy poco usual en Catalunya: la unidad en la calle del Govern, la presidenta del Parlament, los sindicatos, las principales entidades sociales e independentistas y la mayoría de partidos (solo faltaron el PP y Ciutadans). Junto a todos ellos, varios miles de catalanes –las cifras han vuelto a ser dispares: unos 8.000 según la Guàrdia Urbana y unos 60.000 según los organizadores– han recorrido el centro de Barcelona en protesta por tantos vetos del TC, derivados en su mayoría de recursos del Gobierno central.
La convocatoria tenía un marcado carácter social –el lema era ‘Los derechos no se suspenden: trabajo digno, derechos sociales y democracia real’–, pero estas reivindicaciones se han mezclado con las consignas por la independencia a lo largo de todo el recorrido, desde la plaza de Urquinaona hasta Pla de Palau, frente a la Delegación del Gobierno en Catalunya. Cientos de turistas que ocupaban a esa hora el centro de la ciudad han inmortalizado el acto.
Abriendo la manifestación se han situado los representantes de unas 60 entidades vecinales, culturales y sindicales, mientras que en una segunda cabecera han caminado los políticos, portando una gran bandera catalana. Por parte del Govern han participado la ‘consellera’ y portavoz, Neus Munté, el vicepresidente Oriol Junqueras y los ‘consellers’ Raül Romeva y Josep Rull. Las otras representaciones institucionales han sido las de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens.
Unas 60 entidades de la sociedad civil catalana han organizado la protesta, entre ellas, la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, cuyo presidente, Jordi Giró, ha reclamado al finalizar la marcha, que el Gobierno del PP deje de recurrir leyes catalanas que son elementales para la sociedad. “Ninguna ley, gobierno o tribunal puede atacar los derechos de los más vulnerables”, ha defendido Giró, que ha pedido a los ciudadanos que se manifiesten siempre que haga falta para preservar sus derechos.
Mezclando de nuevo la reivindicación social con el ‘procés’, Giró ha alertado de que la “plenitud de la soberanía de Catalunya” solo se alcanzará si hay justicia social en los barrios, al tiempo que ha solicitado un nuevo “contrato político” que ponga a la gente en primer lugar, poniéndose al servicio de las personas, y no de la austeridad.
Por su parte, el presidente de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Oriol Illa, ha recordado que las leyes suspendidas, como la de emergencia habitacional y pobreza energética y la de igualdad, no suponen una invasión de competencias –como justifica el Ejecutivo central–, sino que frenarlas suponen ir en contra de los derechos sociales de los ciudadanos. Y ha recordado que el Tribunal Constitucional también ha impugnado leyes similares aprobadas, por ejemplo, en Murcia y Canarias.
Esta ley de emergencia habitacional obligaba a los tenedores de las viviendas a ofrecer un alquiler social a las personas desahuciadas por el 30% de sus ingresos, una obligación que ahora ha quedado en suspenso, igual que toda la ley, lo que supone, según Illa, que “el TC defiende a los grandes tenedores”.
El portavoz de la Plataforma per una Renda Garantida de Ciutadania, Diosdado Toledano, ha emplazado a los catalanes a “responder sin miedo” a los ataques del TC contra los derechos y la soberanía ciudadana que están “escritos en el Estatut”.
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