Ministerio libanés de Información
Florentino Pérez tiene una carta ganadora en su pulso con el Gobierno por obtener un sustancioso rescate por la concesión del AVE de El Pertús. Su as en la manga son unas cláusulas incluidas en el contrato firmado en el 2004 con España y Francia, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En ellas se establece que la empresa podrá renunciar a la concesión si esta resulta económicamente inviable. A cambio, recibiría una indemnización calculada con un complejo baremo y que los letrados de presidente de ACS evalúan en 485 millones de euros.
La historia del fiasco del depósito de gas Castor puede volver a repetirse en una clave parecida: la letra de un contrato que ata de pies y manos al Gobierno y minimiza el riesgo del empresario. Si el negocio va bien, la empresa gana dinero y si va mal, el erario público se hace cargo. En el caso del Castor, el contrato lo firmó el ministro de Industria Miguel Sebastián en representación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La factura ha subido a 1.350 millones de euros que abonan los consumidores de gas.
El convenio del túnel pirenaico lo rubricaron el ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, en representación del Gobierno de José María Aznar, y su homólogo francés Guilles de Robien con la empresa concesionaria, TP Ferro, constituida al 50% por ACS y la francesa Eiffage y presidida por Florentino Pérez. .
El ministerio se había negado siempre a revelar el contenido del contrato. Ha sido la insistencia del diputado por Girona de CDC Jordi Xuclà la que ha obligado al Ejecutivo a desvelarlo. “Tras las reiteradas negativas pedí el amparo del presidente del Congreso y tuvieron que entregárlo”, cuenta el parlamentario, que se ha decidido a hacerlo público al comprobar que Florentino Pérez tiene la intención de hacer efectivas unas cláusulas que considera “otro gol” de los abogados del empresario y presidente del Real Madrid al Gobierno.
La cláusula 24.3 establece que si “un hecho, imprevisible y ajeno a las partes, da lugar a una ruptura sustancial de la economía de la concesión”, el concesionario podrá proponer medidas correctoras. La cláusula 25.2 añade que “en el caso de que esta ruptura sea o haya de resultar definitiva” el tribunal arbitral podrá resolver la concesión a petición de los concesionarios.
TP Ferro se encuentra inmersa desde julio del año pasado en un concurso voluntario de acreedores. Las cuentas no cuadran al no cumplirse las previsiones de tráfico ferroviario y acumula una deuda que ronda los 400 millones de euros. Las presiones a los gobiernos francés y español para que compensen con ayudas económicas la falta de trenes no han surtido efecto. El plazo para alcanzar un acuerdo con los acreedores expira el 16 de junio. Sin acuerdo, la empresa entrará en fase de liquidación en la que se podrá echar mano de las cláusulas para solicitar el rescate.
La cuantía de la indemnización se fija en la cláusula 25.5 del contrato, que establece que “los concedentes pagarán al concesionario” el valor del patrimonio que pasará a sus manos (túneles, instalaciones y vías) menos una parte, solo una parte, de las sustanciosas ayudas públicas recibidas.
“Son contratos hechos a medida destinados a minimizar cualquier riesgo para el empresario. Si yo monto cualquier empresa asumo el riesgo de que vaya mal. Aquí solo se puede ganar”, lamenta Xuclà.
La actitud del ministerio es, sin embargo, bien distinta a la de los que firmaron el contrato. Seguimos en campaña electoral y el PP no se puede permitirse otro escándalo como el del Castor. La titular de Fomento, Ana Pastor, ya advirtió el pasado mayo de que no habrá ni ayudas ni rescate millonario.
Si se opta por la vía de reclamar un rescate, Fomento recurrirá a todas las vías judiciales necesarias para eludir el pago. Fuentes del ministerio sostienen que las claúsulas podrían considerarse “no aplicables”, como ocurrió con el alargamiento de la concesión de la A-7 a Abertis. El contrato establecía que si el tráfico caía por debajo de un determinado umbral la empresa recibiría una compensación. Pastor recurrió y el juez le dio la razón.
Hay otra vía por la que Florentino podría intentar recuperar el capital invertido. Es la misma a la que han recurrido los concesionarios de las autopistas radiales de peaje de los accesos a Madrid. Una vez en situación de quiebra, se han acogido a la denominada responsabilidad patrimonial del Estado.El contrato también recoge esta posibilidad.
Lo que si está asegurada es la continuidad del servicio. Los gobiernos francés y español disponen de un plan de contingencia para que una empresa mixta pública se haga cargo del mismo incluso en caso de abandono precipitado de por parte del concesionario. Algo que según el director general de TP Ferro, Petros Papaghiannakis, no ocurrirá porque el relevo se haría “de manera ordenada y coordinada con los dos estados”.
El periodico
